Owen Jones – El Establishment: La casta al desnudo

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Puede que el statu quo actual se considere producto del sentido común, pero está claro que las generaciones venideras mirarán atrás y verán con una mezcla de asombro y desprecio cómo se encuentra organizada hoy en día la sociedad británica: los mil individuos más ricos acumulan fortunas por valor de 520.000 millones de libras,1 mientras que cientos de miles de personas se ven obligadas a hacer cola para comer en los bancos de alimentos; una próspera élite financiera que contribuyó a abocar a Gran Bretaña a un vórtice de hundimiento económico y que recibió un rescate de más de un billón de libras de dinero público, pero que, aun así, sigue comportándose igual que antes; un dogma reinante que trata al Estado como si fuera un obstáculo que erradicar y evitar, por mucho que el gobierno sirva como puntal de los intereses privados; una élite empresarial que depende básicamente de la generosidad estatal y que se niega a aportar impuestos al Estado; unos medios de comunicación que no sirven para informar, educar y desafiar a quienes tienen el poder, sino que actúan de plataforma para las ambiciones, los descarados prejuicios y los intereses propios de un pequeño número de actúan magnates. Pero lo más sorprendente para nuestros descendientes será que todo esto se haya hecho pasar por normal, por algo completamente racional y defendible, y que las instituciones gobernadas por la élite hayan intentado y, en gran medida conseguido, desviar la ira de la gente hacia quienes menos tienen de la sociedad.

Este statu quo —tan irracional como injusto— lo garantiza el Establishment. Y, sin embargo, no tiene nada de inevitable: no es que gobierne Gran Bretaña porque encarne la forma más efectiva, eficiente y racional de organizar la sociedad. De hecho, el Establishment representa el vehículo institucional e intelectual que usa una élite adinerada para defender sus intereses en una democracia. A fin de cuentas, antaño esto resultaba mucho más fácil. Antes de 1918 todavía existían requisitos de propiedad que impedían votar a mucha gente de clase obrera. Antes de que el Parlamento se viera obligado a ampliar en 1832, 1867 y 1884 el sufragio bajo la presión procedente de las calles, solamente podía votar la gente muy privilegiada. Y como a quienes carecían de propiedades se les negaba el derecho a voto, el sistema político era el juguete de la élite, y sólo existía para servir sus intereses. Había ciertos factores restrictivos, claro, como el miedo a los disturbios o a la revolución, pero, por lo demás, la clase política británica apenas tenía razones para tener en cuenta las necesidades y los deseos del conjunto de la población. La democracia complica las cosas: si casi cualquier adulto puede votar o presentarse a las elecciones, entonces los políticos ya no se pueden comportar abiertamente como esbirros de la élite adinerada. El sufragio universal abrió la puerta a toda clase de concesiones, como subirles los impuestos a los ricos y crear un Estado de bienestar que ofreciera seguridad para todos.

Ya hace tiempo que se necesita una revolución democrática, destinada a reclamar por medios pacíficos los derechos democráticos y el poder que se ha anexionado el Establishment. Una revolución así sólo triunfará si aprende del éxito del Establishment. Para su triunfo, resultó crucial ser más que agresivo en la batalla de las ideas. El régimen actual nunca se ha ganado los corazones ni las mentes del pueblo británico: tal como muestran de forma continua las encuestas, la mayoría de la población está a favor de subirles los impuestos a los ricos y en contra de gestionar los servicios públicos para obtener beneficios, por ejemplo, y la confianza en las instituciones clave ha alcanzado un punto extremadamente bajo. Sin embargo, promover la noción de que «no existe alternativa» —tal como dice el eslogan no oficial del Establishment— ha resultado ser una victoria ideológica tremenda, que ha obtenido una aceptación y una resignación generalizadas y ha drenado la voluntad de resistir.

En parte, por tal razón los escuderos han desempeñado un papel tan crucial. No es que no hayan existido siempre hombres y (de vez en cuando) mujeres de ideas firmes, convencidos —en general— de que sus recetas neoliberales sirven al bien de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sus creencias coinciden con las inclinaciones de los intereses corporativos y de la gente rica, lo cual garantiza un matrimonio de conveniencia más que eficaz. Con el tiempo, se ha ido creando una coalición mucho más amplia, que incluye a unos medios de comunicación inherentemente favorables y a grandes sectores de la élite política.

Una vez reunida, esta coalición, cambió los términos del debate político aceptable, de esa ventana Overton que define los límites de lo políticamente posible. Todo lo que queda dentro de la ventana se considera mayoritario, sensato, centrista y razonable. Las ideas que están fuera de ella se descartan por ser extremistas, peligrosas, imposibles y merecedoras de una respuesta del tipo: ¿en qué planeta vives? Sin embargo, tal como mostraron los escuderos, esa ventana no es estática. Las mismas ideas que antaño se consideraban inaceptables ahora pueden volverse de sentido común, mientras que las que antaño la élite política daba por sentadas pueden acabar siendo rechazadas por ser «demenciales». Los escuderos se dedicaron a propagar de forma incansable unas ideas que no eran lo bastante radicales como para ser descartadas al instante por extremistas, pero sí lo suficiente como para generar presión y, al mismo tiempo, crear oportunidades políticas para un número cada vez mayor de políticos afines del espectro oficial. Y esta estrategia cobra vida de verdad en períodos de crisis, que es cuando se abren mayores perspectivas y surge un apetito más pronunciado de cambios radicales. Tanto las crisis económicas de los años setenta —de las que emergió el Establishment actual— como de la primera década del presente siglo se usaron con eficacia para desplazar la ventana Overton. La estrategia, sin embargo, siempre dependió de la repetición constante de una serie de mensajes coherentes, es decir, de que diversas figuras e instituciones machacaran con lo mismo una y otra vez.

La filosofía de los escuderos —ya sea desde los think tanks, los departamentos universitarios o las páginas de opinión de los periódicos— tuvo otro papel importante: desarrollar una ideología coherente que consolidara el Establishment. El actual es mucho más ideológico que el de las élites gobernantes que lo precedieron. Esta ideología se racionaliza de diversas maneras: mercados libres y emancipados del peso muerto del Estado; una cultura del individualismo; eficiencia, etc. En términos prácticos, esta ideología constituye la justificación racional de unas mentalidades que legitiman la concentración de la riqueza y el poder en unas pocas manos; y, más en particular, la mentalidad del «porque yo lo valgo» de L’Oréal. La codicia, aunque casi nunca se presenta como tal, es aplaudida como un medio para liberar el potencial del individuo y promover la prosperidad por el bien de todos. En términos prácticos, son los miembros del Establishment quienes se llevan la mayor parte del botín, ya sean políticos que usan sus carreras para terminar en los consejos de administración de las empresas, intereses privados que se hacen con la gestión de los recursos públicos, o bien son subvencionados directamente por el contribuyente; empresas que se las apañan para librarse de pagar unos impuestos enormes; o bien banqueros británicos que se embolsan más bonificaciones que los financieros de todos los demás países europeos juntos.

El Establishment viene marcado por el triunfalismo. Las victorias que obtuvo sobre sus oponentes —sobre todo en los años ochenta y noventa— fueron decisivas. El final de la guerra fría se presentó, con mucha astucia, como la muerte de cualquier alternativa al capitalismo de mercado libre, lo cual potenció todavía más la seguridad en sí mismo del Establishment. La globalización asentó con firmeza la idea de que la voluntad del mercado tenía que reinar de forma absoluta. El hecho de que el nuevo laborismo se uniera al Establishment reforzó el aura de invencibilidad de éste. Hoy en día, unos medios de comunicación sumisos aprueban una agenda política que promueve los intereses de los ricos como si la dictara el simple sentido común y nadie en su sano juicio pudiera plantearle objeción alguna. Por otro lado, las políticas que desafían la posición del Establishment se tachan siempre de recetas para ir directos a la ruina: las empresas se marcharán, el capital huirá, los ingresos fiscales se desplomarán, etc. A los oponentes del Establishment, o bien no se les hace ningún caso, o bien se los rechaza por ser peligrosos o extremistas ilusos, y —si es necesario— se los humilla. La seguridad en sí mismo del Establishment la ilustra el hecho de que incluso ya está dispuesto a volverse contra la policía, la misma que desempeñó un papel crucial en la derrota de los oponentes del Establishment, pero a la que no se la considera indispensable porque ya no se percibe que pueda amenazar la hegemonía del régimen.

Al Establishment también lo protege la estrategia de dirigir la ira popular hacia quienes ocupan el escalafón más bajo de la sociedad. Tanto los medios de comunicación como los políticos incitan a los trabajadores de rentas bajas a envidiar las condiciones supuestamente opulentas de los desempleados que piden prestaciones al Estado, en lugar de dirigir su resentimiento a los empresarios por pagarles unos sueldos insuficientes. Se mueve a los trabajadores del sector privado que carecen de pensiones a envidiar a los del sector público, que todavía tienen las suyas intactas. A quienes no pueden obtener viviendas de protección oficial —porque los gobiernos se han negado a construirlas— ni obtener trabajos seguros —porque los políticos de todos los signos han permitido que éstos desaparezcan de la economía— se los incita a que envidien a los inmigrantes por quitarles lo que les corresponde a ellos.

Este desvío de la ira no es resultado de una conspiración organizada de magnates de los medios de comunicación, grandes empresas y políticos que fuman puros en reuniones privadas y están confabulados para encontrar la forma de restregar las caras de los pobres por el fango e incitarlos para que conviertan a sus vecinos en chivos expiatorios. No, este desvío es consecuencia natural de las ideas que comparte todo el Establishment: que quienes están en lo alto de la sociedad merecen estarlo; que quienes tienen talento, habilidad y determinación están destinados a escalar posiciones en la sociedad, mientras que, si no consigues mejorar tus circunstancias, es culpa tuya. Los propietarios de los medios de comunicación se niegan a criticar a una élite a la que ellos mismos pertenecen; los políticos no quieren atacar a unos intereses privados con los que están asociados y de los cuales —en muchos casos— dependen para su financiación. Desafiar mínimamente las prácticas de la élite corporativa conlleva el riesgo de que te llamen extremista y «enemigo de los negocios», tal como descubrió el líder laborista Ed Miliband en 2013 a raíz de proponer una congelación temporal de la factura del gas y la electricidad. Al mismo tiempo, no existe un movimiento popular fuerte que intente dirigir hacia arriba la ira que le provocan a la gente sus penurias. No es de extrañar, pues, que la conducta de los desposeídos se vea implacablemente vigilada, en lugar de estarlo la de los poderosos, una circunstancia que acaba protegiendo al Establishment.

Al principio, a los pocos y dispersos opositores al régimen les pareció que la crisis financiera de 2008 podía traer consigo una fractura del dominio del Establishment. El experimento del capitalismo del libre mercado había vuelto a abocar al mundo a un desastre terrible, igual que en la década de los treinta. «¿Ha fracasado el capitalismo?», reflexionaba el periódico londinense The Times. De acuerdo con el semanario Newsweek, el presidente electo Barack Obama tenía la misión de «liderar la contrarrevolución conceptual contra una idea que lleva dominando el planeta desde finales de la guerra fría, pero que por fin está terminando de perder gas: el absolutismo del libre mercado». La revista Time, entretanto, llamó a los gobiernos occidentales que estaban planeando una respuesta a la crisis «la coalición de la crisis del capitalismo». Los críticos del Establishment tenían indicios de sobra para creer que por fin había llegado su momento. «Lo que es seguro es que la potestad del modelo del capitalismo de mercado libre, que lleva más de dos décadas dominando el mundo, se está agotando a marchas forzadas», escribió el columnista del Guardian Seumas Milne.

Sin embargo, en vez de ser el toque de difuntos de la ideología de los escuderos neoliberales, pareció que la crisis le insuflaba a dicha ideología una vida nueva. Los oponentes del Establishment carecían de una alternativa coherente y lista para ser puesta en práctica. Los escuderos, en cambio, llenos como estaban de recursos, no perdieron la calma ante la crisis financiera. Al contrario: aprovecharon la oportunidad que les traía la crisis, igual que habían hecho en los años setenta. Contribuyeron a urdir el discurso de que la crisis la había desencadenado el exceso de gasto, justificando así una nueva ofensiva para reducir el tamaño del Estado.

En esta nueva era, la fuerza política contraria al Establishment que más ha triunfado pertenece a la derecha populista. Se trata del United Kingdom Independence Party (UKIP), liderado por el excorredor de productos básicos en bolsa Nigel Farage, político especialista en fingir un encanto campechano y que suele salir con una pinta de cerveza en la mano en prácticamente todas las fotografías que le hacen. Aunque originalmente se centraba en sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, el UKIP se ha terminado convirtiendo en aglutinador de un descontento mucho más amplio. El discurso de Farage consiste en repetir machaconamente el mensaje de que él defiende al pueblo de la élite. «El Establishment, el statu quo, las grandes empresas, los grandes eurócratas y nuestros tres supuestamente grandes partidos están cagados de miedo por lo que está consiguiendo el UKIP», ha declarado. Cuando, en marzo de 2014, Farage participó en un debate televisado con Nick Clegg, el viceprimer ministro liberal-demócrata, acusó a su desventurado oponente de querer unirse a la moneda europea siguiendo órdenes de «toda tu panda, todas las grandes corporaciones».

Por encima de todo, el UKIP ha contribuido a poner la cuestión de la inmigración en el primer plano de la agenda política del país, dirigiendo la culpa de los problemas sociales endémicos de Gran Bretaña lejos de la élite responsable y hacia ese eterno chivo expiatorio que es el extranjero. «Hay veintiséis millones de personas buscando trabajo en Europa —declaraba un póster del UKIP que se imprimió por todo el país—. ¿Y de quiénes son los trabajos que quieren?» El mensaje iba acompañado de la ilustración de una mano que señalaba directamente a los transeúntes. La estrategia del partido obtuvo unos dividendos políticos importantes. En las elecciones europeas de 2014, el UKIP se convirtió en la lista más votada de Gran Bretaña: era la primera vez en 108 años que ganaba unas elecciones nacionales un partido que no fueran ni el de los laboristas ni el de los conservadores.

La estrategia del UKIP era genial. A pesar de su mensaje populista, representaban las ideas del Establishment en su forma más pura. Al mismo tiempo que contribuían a dirigir la ira de la gente hacia los inmigrantes —en lugar de, por ejemplo, hacia la City, los empresarios que pagaban sueldos de miseria o los evasores fiscales—, el UKIP apoyaba unas políticas que únicamente podían beneficiar a los ricos. Hasta 2014, el partido apoyaba un impuesto sobre la renta plano, que no sólo habría supuesto un recorte brutal de los impuestos que pagaban los ricos, sino que habría dejado a los teleoperadores en el mismo tipo impositivo que a los multimillonarios. Aunque acabó dándole un giro de ciento ochenta grados a la propuesta, el UKIP todavía defiende bajar los impuestos a los tipos superiores. También quiere abolir las contribuciones de los empresarios a la Seguridad Social, una medida que les reportaría a los jefes la sobrecogedora cifra de 50.000 millones de libras. Propone, además, que se eliminen dos millones de puestos de trabajo del sector público, lo cual diezmaría comunidades enteras. Y va más lejos incluso que el Partido Conservador en su apoyo al desmantelamiento y a la privatización del NHS. «La existencia misma del NHS estrangula la competencia», declaró el número dos del UKIP, Paul Nuttall, que sostiene que «mientras el NHS siga siendo la “vaca sagrada” de la política británica, el pueblo continuará recibiendo unos servicios sanitarios de segunda». En noviembre de 2014 se desvelaron unas imágenes en que Farage pedía que el NHS fuera reemplazado por un sistema de seguros médicos privados. Aunque al principio se lo obligó a retractarse, a principios de 2015 declaró ante la BBC que el reemplazo del NHS por un seguro sanitario privado se tendría que llevar a cabo en menos de una década.2 El UKIP también llama a tirar a la hoguera los derechos de los trabajadores, con medidas como eliminar la legislación que regula los finiquitos, las vacaciones y las horas extra.3

Y, sin embargo, la gran mayoría de quienes apoyan al UKIP seguramente no tiene ni idea de qué defiende este partido, más que la oposición a la Unión Europea y a la inmigración. Está claro que sus votantes —al menos la mayoría— no son conservadores ultrathatcheristas exiliados; de hecho, según las encuestas, son mucho menos partidarios de la austeridad y de los recortes al Estado de bienestar que los votantes conservadores. Lo asombroso es que, en un buen número de temas, los votantes del UKIP son mucho más radicales que la ciudadanía británica en general. Una encuesta de YouGov reveló que el 78 por ciento de los votantes del UKIP apoyaba la propiedad estatal de las compañías energéticas (frente al 68 por ciento de todos los votantes); que el 73 por ciento quería que se renacionalizaran los ferrocarriles (frente al 66 por ciento) y que el 50 por ciento defendía los alquileres controlados (la cifra general era del 45 por ciento). Un asombroso 40 por ciento de sus electores creía incluso en el control de precios para los productos alimenticios, frente al 35 por ciento de todos los británicos.4

¿Qué nos dice esto? Pues, por un lado, que el Establishment tiene tan poco apoyo del público que hasta los votantes de un partido ferozmente derechista se encuentran, en temas económicos, espectacularmente a su izquierda. También se puede entender como una severa condena al Partido Laborista y a los oponentes radicales del Establishment. Como éstos no han conseguido conectar con el descontento y la desilusión crecientes, han permitido que ese vacío lo llenara el populismo de derechas.

En la actualidad, a otros muchos británicos la política les resulta irrelevante, completamente abstracta y ajena a sus vidas. A muchos les parece fútil votar. En ciudades y pueblos de todo el país, la gente me ha dado unas razones asombrosamente parecidas para no votar: «Nada cambia nunca», «los políticos solamente trabajan para sí mismos», «los políticos están para llenarse los bolsillos», «todos los políticos son iguales», «siempre rompen sus promesas», y otras por el estilo. Hoy en día los trabajadores no cualificados acuden a las urnas un 20 por ciento de media menos que los profesionales de clase media. En una encuesta de YouGov realizada en 2012, se preguntó a los votantes: «En relación con las presiones exteriores como la globalización, las nuevas tecnologías, la Unión Europea, las grandes compañías multinacionales y los mercados financieros, ¿cuál de estas opiniones se acerca más a la de usted?». Casi la mitad eligieron la respuesta: «Hoy en día, estas presiones son tan grandes que el gobierno y el Parlamento británicos han perdido casi todo su poder para tomar las grandes decisiones sobre el futuro de Gran Bretaña». Solamente el 39 por ciento se mostró en desacuerdo. La misma encuesta reveló que el 58 por ciento estaba conforme con: «Hoy en día, da bastante igual para mi vida cotidiana quién gane las elecciones generales: hay muy pocas diferencias entre los principales partidos políticos».5 Al ceder los poderes democráticos a intereses privados y construir una élite política que únicamente discrepa en los detalles y no en las cuestiones importantes, el Establishment le ha infligido un daño incalculable a la democracia.

Caroline Lucas, parlamentaria por Brighton de los Verdes y exlíder del partido, recuerda la inquietante conversación que mantuvo con una funcionaria municipal con motivo de los recortes a la exención de la tasa municipal a los trabajadores de rentas bajas y desempleados. «Al parecer, siempre que se introducen esta clase de cambios, la gente responsable de hacer las llamadas pertinentes suele tener cierta formación para tratar con gente que se pone muy furiosa, comprensible y legítimamente furiosa.» Sin embargo, esta vez, cuando se introdujeron los recortes a las exenciones, la funcionaria municipal se encontró con una reacción distinta. «Me contó que lo que más la impresionó era que la gente no se ponía furiosa, se limitaba a quedarse abatida. Era como si hubieran perdido la voluntad de luchar […]. A mí me sorprendió no ver de forma más habitual marchas por las calles y grandes manifestaciones. Tal vez se deba, en parte, a esa impresión espantosa de que la gente está empezando a rendirse.» El Establishment ha dejado a mucha gente resignada, sin esperanza y convencida de que la resistencia no es posible. Por supuesto, esto ayuda a perpetuar su dominio.

Nada de todo esto quiere decir que los oponentes al Establishment hayan estado completamente desaparecidos en los últimos años. Conectando con una larguísima tradición de desobediencia civil pacífica, UK Uncut ha obligado a la élite política y mediática a, por lo menos, tratar (aunque no combatir) el problema de la evasión fiscal por parte de los intereses corporativos y de los ricos. El movimiento Occupy, al plantar sus tiendas delante de la catedral de San Pablo, llamó la atención hacia el hecho de que Gran Bretaña y el mundo están siendo gobernados en beneficio del «1 por ciento» y no del «99 por ciento» restante. Cientos de miles de sindicalistas han protestado, han ido a la huelga y han demostrado su desafío a las políticas de austeridad, mientras que grupos como Disabled People Against Cuts (Discapacitados contra los Recortes) han respondido a los ataques contra la parte más desprotegida de la sociedad. También está la People’s Assembly (no oculto nada: se trata de una iniciativa en la que yo he estado implicado desde el principio), un amplio movimiento en contra de las políticas de austeridad que ha organizado asambleas enormes por toda Gran Bretaña. Asimismo, el Partido Verde ha estado presentando alternativas tanto a la austeridad como a la destrucción del medio ambiente, mientras que varios parlamentarios y activistas laboristas se han organizado contra el gobierno liderado por los conservadores, y en algunos casos contra sus propios líderes. Sean cuales sean las opiniones de uno sobre el tema de la independencia escocesa, lo que está claro es que la campaña del «sí» a la independencia ha conectado con una profunda alienación respecto al Establishment: se prometió que Escocia estaría libre de su dominio y de sus mantras si conseguía abandonar Reino Unido.

Los defensores de una revolución democrática pueden inspirarse en todos estos ejemplos. Pero también deberían coger ánimos fijándose en los escuderos neoliberales. En las décadas de la posguerra, a aquellos escuderos también se los consideraba elementos marginales, derrotados e irrelevantes, defensores de una serie de ideas fracasadas que el avance de la historia había pisoteado sin misericordia. En sus filas, el pesimismo campaba a sus anchas y sus efectivos eran escasos. Todo esto hizo que su posterior triunfo les resultara sorprendente incluso a ellos mismos, ya no digamos al resto del mundo. Lo que los sostuvo, sin embargo, fue la fe en sus ideas. Por supuesto, resulta crucial tener una meta inspiradora a largo plazo. Los ideólogos del libre mercado que subieron al poder en Gran Bretaña en 1979 sabían que la transformación que planeaban no sería inmediata ni mucho menos: sería un esfuerzo largo y difícil para transformar las posiciones, derrotar a la oposición y hacer que arraigara un nuevo sistema que nadie pudiera desafiar.

Los defensores de una revolución democrática necesitan mostrar el mismo compromiso con una visión a largo plazo. Gran Bretaña tiene que ser un país gobernado por y para quienes lo mantienen con vida, y no gestionado como un simple plan para que los ricos se enriquezcan cada vez más. Para que eso suceda, haría falta una sociedad organizada a partir de las necesidades sociales y no hacia los beneficios privados a corto plazo. También sería necesario extender la democracia a todas las esferas de la vida: no sólo a la política, donde únicamente se celebran elecciones nacionales de vez en cuando, sino también a la economía y al lugar de trabajo.

Sin embargo, para tener éxito es crucial construir una argumentación intelectual atractiva que pueda conectar con las experiencias y las aspiraciones de la gente, tal como hicieron en su momento álgido los escuderos neoliberales. Y no se trata de llevar a cabo intelectualizaciones abstractas y sibaritas. Sin una alternativa coherente, seguirá reinando la resignación generalizada. Sólo pueden tener lugar grandes cambios si un sector lo bastante amplio de la sociedad se muestra lo suficientemente inspirado por todas estas promesas y lo bastante seguro de que se van a llevar a cabo.

Es cierto que la oposición al Establishment ha sufrido carestía de intelectuales. A fin de cuentas, los ricos reparten dinero a espuertas entre los think tanks que promueven sus intereses económicos, y el ascenso de la nueva derecha ha purgado de disidentes el profesorado de las facultades de Economía, asegurándose de que escalar posiciones académicas dependa de seguir la línea oficial. Y, sin embargo, sigue habiendo una gama muy diversa de economistas y demás expertos que se niegan a sumarse al statu quo, a algunos de los cuales he entrevistado a lo largo de este libro. En 2014, el economista francés Thomas Piketty causó un gran revuelo intelectual al publicarse su libro El capital en el siglo XXI, que mostraba cómo la desigualdad se perpetúa y en el que pedía subidas del impuesto sobre la renta y un impuesto global a la riqueza.

El problema es que todas esas voces disidentes se encuentran demasiado dispersas y fragmentadas, y además suelen trabajar en proyectos individuales que, por lo general, no reciben la atención de los medios de comunicación. Irónicamente, los defensores del Establishment británico predican una doctrina de individualismo rampante, pero a menudo muestran una disciplina impresionante a la hora de coordinarse y trabajar de forma conjunta en pos de objetivos comunes. En cambio, quienes nos oponemos a ellos predicamos la solidaridad, y, sin embargo, a menudo operamos de forma individual y como inconformistas solitarios.

Si los defensores de una revolución democrática queremos tener éxito, es necesario que todos los fragmentos se reúnan y que nosotros también tengamos unos escuderos igual de eficaces, como, por ejemplo, think tanks expertos que sean capaces de moverse por un entorno hostil. Los sindicatos son las principales organizaciones afines que tienen fondos suficientes como para crear esos think tanks; de hecho, han empezado a hacerlo: en 2012 se fundó el think tank Class (yo estoy en su consejo asesor). También está la New Economics Foundation (NEF). A menos que se construya una alternativa coherente y creíble, y que conecte con mucha gente, el statu quo seguirá inamovible. Esto es lo que averiguaron hace ya muchas décadas los escuderos neoliberales.

Uno de los falsos argumentos que se esgrimen contra los opositores al Establishment es que no ofrecemos más alternativa que la simple inmovilidad, la sustitución de las fuerzas liberadoras del libre mercado por una monstruosidad burocrática y atrofiante. Es una falsa disyuntiva: la alternativa al capitalismo de dar rienda suelta al mercado no tiene por qué ser el estatalismo vertical. En cierto sentido, la alternativa a los eslóganes del Establishment pasaría, en parte, por reducir el Estado. Y es que, en realidad, el supuesto «libre mercado» es una estafa, una farsa en gran medida orientada a la concesión de subsidios generosos y cesiones a la élite adinerada. El mismo Estado de bienestar, cuya finalidad era ofrecer seguridad social para todos, se ha visto pervertido: ahora funciona como fuente de ingresos de facto para unos patronos que pagan unos sueldos miserables y unos caseros particulares que extorsionan a sus inquilinos con los alquileres. Hacer que el salario mínimo dé para vivir reduciría esta dependencia del Estado, igual que controlar los alquileres del sector privado y quitar a los ayuntamientos los límites al préstamo que les impiden construir una nueva ola de viviendas de protección social de calidad, lo cual también crearía puestos de trabajo, estimularía la economía y llevaría a las arcas públicas un flujo estable de alquileres. Esto le devolvería al Estado de bienestar su propósito original. Se trata de unas demandas populares que obligarían a los partidarios del Establishment a ponerse a la defensiva.

Las leyes antisindicales más represivas del mundo occidental se han asegurado de que el equilibrio de poder favorezca decididamente a los jefes. Por eso es tan importante modernizar las leyes sindicales, para permitir que el mayor movimiento democrático del país represente de forma eficaz a los trabajadores, y eso incluye concederles a los sindicatos el derecho a reclutar militantes en el lugar de trabajo. La debilidad de los sindicatos es una de las razones principales de que el nivel de vida de los trabajadores ya estuviera cayendo mucho antes del hundimiento financiero —a pesar de que las empresas estaban obteniendo unos beneficios récord—, una situación que obligó a más y más gente a pedir créditos fiscales o a depender de los créditos a bajo interés, y que dejó la economía sin demanda. Derrotar el mantra antisindical del Establishment nos beneficiaría a todos.

Implantar la democracia en el lugar de trabajo también debería desplazar el equilibrio de poder en detrimento de los jefes. En Alemania, los trabajadores eligen a unos representantes que promueven sus intereses en los consejos de administración, algo que se conoce como codeterminación. Si la medida vale para los trabajadores alemanes, seguramente también valdría para los británicos, y les daría una voz en sus supermercados, servicios telefónicos de atención al cliente, oficinas y demás lugares de trabajo, en vez de ser tratados como simples esclavos a los que explotar. Tendría que complementarse con otras medidas que impidieran que los trabajadores quedaran reducidos a simple carnaza para contratar y despedir de la que los jefes pueden deshacerse a voluntad, como, por ejemplo, eliminar los contratos sin horas. También es clave instaurar una política oficial de creación de pleno empleo, que tiene la ventaja de garantizar mejor que ninguna otra el poder de negociación de los trabajadores. De este modo, en el lugar de trabajo, los empresarios dejarían de ser unos déspotas desde un punto de vista económico.

La privatización se ha convertido en una forma de bienestar corporativo, en virtud de la cual el dinero del contribuyente va a subsidiar compañías como las empresas ferroviarias. Todas las franquicias ferroviarias deberían poder devolver con facilidad y sin coste a manos públicas, cuando llegara el momento de renovar sus respectivos contratos de gestión. Pero eso no implica cambiar a los accionistas por burócratas. Al contrario, un servicio tan trascendental como los trenes se podría entregar a la propiedad democrática tanto de los trabajadores que lo hacen funcionar como de los pasajeros que lo usan. Esto implicaría fusionar los principios que sustentan las cooperativas —como la icónica John Lewis Partnership— con la forma tradicional de propiedad pública. Lo mismo se aplica a las seis grandes compañías energéticas, que obtienen unos beneficios gigantescos a base de subir las facturas en una época de penuria económica generalizada. El gobierno laborista de posguerra nacionalizó los recursos privados intercambiando las acciones por bonos del Estado, que es exactamente como se podría arrebatar a esas empresas de las manos de unos especuladores a quienes lo que les interesa es enriquecerse, no el bienestar de todos.

La propiedad pública y democrática de los principales servicios socavaría el mantra del Establishment de que el mercado lo hace todo mejor. En primer lugar, todas las encuestas muestran que la propiedad pública es aplastantemente popular, y que hasta los votantes más conservadores apoyan las nacionalizaciones. Sin embargo, evitaría las trampas de las nacionalizaciones de antaño, gestionadas por burócratas que tal vez no estuvieran en la mejor posición para entender las necesidades de los consumidores. En los años ochenta, Margaret Thatcher fue capaz de privatizar los servicios con tanta facilidad y con tan pocas protestas populares por culpa del hecho de que la población no sentía para nada que compartiera su propiedad. Para mucha gente, servicios que en el pasado habían sido públicos como British Telecom ahora resultaban completamente remotos y dirigidos por burócratas, y a veces ofrecían un servicio deficiente.

Una propiedad pública que involucrara a los usuarios del servicio y a los trabajadores contribuiría a democratizar la economía y supondría una alternativa genuina tanto al mercado como al estatalismo rígido. Toda la estrategia orientada a avanzar sin pausa hacia una sociedad gobernada en pos del beneficio para una pequeña élite recibiría un golpe considerable. Una revolución democrática de estas características absorbería las lecciones de los escuderos de los años setenta, que se dieron cuenta de que un sistema nuevo solamente podría perdurar si institucionalizaba el apoyo de los grupos de interés. Hacer sentir a los usuarios de los servicios que éstos les pertenecen y que ellos son sus propietarios democráticos conseguiría exactamente eso. Esa propiedad democrática tampoco ahogaría la innovación. Ya hemos visto que el Estado —desde la misma creación de internet hasta la tecnología que hay detrás del iPhone— está en el origen de muchas cosas que hacen las empresas, ya sea desarrollando tecnología para productos nuevos, proporcionando infraestructuras, educando a la mano de obra, financiando e impulsando la investigación y el desarrollo, etc. He aquí la prueba de que la actividad empresarial no es patrimonio único de los millonarios, sino que la esfera pública también la puede promover.

Restaurar la democracia también implica luchar contra el poder de los financieros. Gran Bretaña no depende tanto de la City, o de las finanzas en general, como afirman sus defensores: la industria proporciona una mayor recaudación de impuestos y más puestos de trabajo, y además no ha sido rescatada con miles de millones de libras. El Estado británico, en cambio, sí que se apoya en una gran contribución de un sector financiero mal regulado y susceptible de verse arrastrado por las crisis internacionales. El poder de las finanzas limita lo que pueden hacer los gobiernos elegidos de un modo democrático. Esto impone la necesidad urgente de destetar a Gran Bretaña de su dependencia del sector financiero creando una nueva generación de industrias modernas. Los gobiernos británicos tienen que aprender de países como Alemania y abandonar su estrategia permisiva de dejar «que el mercado decida y que el Estado no elija bando». Hasta individuos como el exministro conservador Michael Heseltine han estado pidiendo al gobierno que ayude y promocione activamente a las industrias emergentes. Con una política industrial basada en un Estado activo e intervencionista, Gran Bretaña podría establecer una nueva ola de «industrias verdes» y crear puestos de trabajo que ayudaran a afrontar la amenaza potencial a la vida que supone el cambio climático y acabar con la adicción a las finanzas.

Nada encarna el «socialismo para ricos» británico tan bien como el sector financiero. Después del desplome de los bancos, le tocó al contribuyente pagar la factura rescatando a todas aquellas empresas privadas, lo cual significó que el público cargó con la deuda mientras que los beneficios seguían en manos privadas. Pero aquí hay una oportunidad. En vez de vender los bancos rescatados por el contribuyente, el gobierno podría convertir esas instituciones en bancos de inversión regional de propiedad pública, lo cual contribuiría a reconstruir las economías locales de toda Gran Bretaña. Tendrían mandatos específicos, como, por ejemplo, apoyar a las pequeñas empresas que ahora no pueden conseguir préstamos, así como ayudar a remodelar la economía y promover las nuevas estrategias industriales.

Esto tampoco implica replicar del todo un modelo estatalista vertical. Fue el contribuyente británico quien rescató a la banca. El antiguo lema revolucionario norteamericano decía «no a los impuestos sin representación», y el mismo principio se debería aplicar a las finanzas. Nosotros, los contribuyentes, deberíamos contar con una representación democrática en los consejos de administración de los bancos que hemos rescatado, para poder garantizar que esos mismos bancos atiendan a las necesidades de los consumidores y las comunidades.

También podemos reducir de otras formas el poder que tienen las finanzas sobre nuestra democracia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva tiempo siendo un baluarte del neoliberalismo internacional y obligando a las economías a abrirse a las fuerzas de la globalización, privatizar las industrias, eliminar regulaciones y abolir obstáculos a los flujos de capital. Por tal razón el hecho de que, en diciembre de 2012, el FMI abandonara su oposición global a los controles al capital —es decir, restricciones a los movimientos de entrada y salida de capital, como, por ejemplo, impuestos, a través de las fronteras— por mucho que considerara que esos controles tenían que ser «orientados, transparentes y en general temporales» supuso un cambio tan radical. Entre las economías emergentes que han impuesto estos controles durante los últimos años se cuentan potencias como Brasil, Corea del Sur y la India, mientras que China nunca ha dejado de usarlos. Cuando el colapso financiero abocó a Islandia a la ruina económica, los controles al capital fueron fundamentales para su recuperación. Brasil, por ejemplo, impuso un impuesto a las transacciones financieras de hasta el 6 por ciento, y su gobierno lo ha considerado un éxito porque evitó que su tipo de cambio se disparara demasiado deprisa. Malasia sobrevivió a la crisis financiera asiática de 1997 mejor que otras economías rivales porque, precisamente, tenía controles al capital.

Los controles al capital supervisan el flujo de dinero que entra y sale de una economía, y la protege de las burbujas de activos y de los intereses a corto plazo de los inversores, que pueden entrar en conflicto con los intereses de la sociedad en su conjunto. El capital puede experimentar subidas bruscas que eleven los precios de la propiedad y los tipos de cambio, y luego retirarse de golpe, precipitando un violento desplome. En 2008, por ejemplo, se sacó de Gran Bretaña un total de 490.000 millones de libras. Debido a la envergadura de su sector financiero, ahora el país afronta una persistente amenaza de contagio: con un sistema financiero tan globalizado, una situación de crisis puede saltar como un relámpago de país en país. Igual que gente como George Soros sacó provecho del Miércoles Negro de 1992, los especuladores siempre pueden intentar lucrarse gracias a las pesadillas económicas.6 Pero el efecto contrario también es dañino: el llamado dinero caliente, u oleadas repentinas de capital que entran en el país con la esperanza de ganar pasta rápidamente, pueden dañar asimismo la infraestructura social y económica. Y si un gobierno electo implanta políticas que resultan desagradables para los intereses privados, se puede producir una fuga desastrosa de capitales fuera del país. «El gobierno pierde todas las palancas que necesita para gestionar la economía —dice la economista Ann Petifor—. Y, desde mi punto de vista, la palanca más importante es el tipo de interés. No solamente el tipo base que el Banco Central fija y puede subir, sino el tipo de interés que tiene que pagar el pequeño empresario para montar un nuevo negocio; también es lo que importa cuando una gran empresa quiere asumir un riesgo y hace una prospección o algo así.»

La New Economics Foundation propone todo un espectro de controles al capital que pueden ayudar a un gobierno electo a recuperar la capacidad de implantar políticas económicas, atraer unas inversiones a largo plazo más estables y reducir la capacidad del sistema financiero para estrangular a Gran Bretaña. Deberíamos imponer restricciones a la propiedad extranjera de la vivienda, desinflando así unas burbujas inmobiliarias que tienen efectos potencialmente desastrosos para la economía y que impiden a los británicos acceder al mercado inmobiliario.7

Por encima de todo, esto les quitaría la soberanía económica a los intereses corporativos para devolvérsela a los gobiernos electos, lo cual representaría un golpe considerable al Establishment. Toda revolución democrática debería tener la redistribución de la riqueza como objetivo central. Las cuentas bancarias de los ricos siguen llenándose a espuertas mientras la recesión provoca la caída del nivel de vida. Esto no sólo es manifiestamente injusto, sino que también genera toneladas de dinero que no se invierten y a las que se podría dar un uso productivo. Se está acumulando dinero cuando lo que debería hacerse es invertirlo y darle un uso social. Y mientras que el 10 por ciento más pobre destina el 43 por ciento de sus ingresos a pagar impuestos, el 10 por ciento más rico solamente dedica el 35 por ciento, algo que resulta completamente ilógico.8

Los países europeos más prósperos, como Dinamarca, Suecia, Holanda o Bélgica, tienen unos tipos considerablemente más altos para las rentas impositivas superiores. Hasta Japón tiene una tasa del 50 por ciento para ellas. Las encuestas muestran que hay una gran mayoría de la población a favor de subirles los impuestos a los ricos, con la inclusión de un tipo del 75 por ciento para todas las ganancias superiores al millón de libras.9 Para empezar, un tipo del 50 por ciento para todas las ganancias por encima de cien mil libras —en otras palabras, para el 2 por ciento con rentas superiores de la población— se podría usar para formar y dar empleo a los cientos de miles de jóvenes que de otra manera se pudren sin trabajo, o bien con empleos precarios, una situación lamentable que tiene el riesgo de dañar sus perspectivas de futuro. Esos impuestos se podrían usar para instaurar programas respaldados por unos contratos de aprendizaje cualificado: por ejemplo, un plan nacional para aislar térmicamente los hogares y las empresas, que sacara a millones de personas de la pobreza energética, reduciendo sus facturas y contribuyendo a salvar el medio ambiente. Pero esto apenas debería ser el principio: dada la concentración sin precedentes de riqueza en manos de una élite, hay mucho margen para imponer una tasación más progresiva. Quitarles carga fiscal a los trabajadores para imponérsela a quienes más tienen mostraría que los intereses privados dependen por completo de la generosidad estatal, y que, por consiguiente, deben pagar en consonancia con esto. Lo más importante, sin embargo, es que cambiaría el equilibrio de poder de la sociedad en beneficio de los trabajadores.

Lo mismo se puede decir de un ataque en toda regla a la evasión legal de impuestos. No sólo supondrían unos ingresos que se necesitan desesperadamente, sino que también conllevaría una reafirmación de la sociedad contra el poder de los intereses de los ricos. Las ideas del Establishment promueven la creencia de que las empresas multinacionales y los hombres de negocios adinerados no solamente no le deben nada al Estado, sino que éste es un obstáculo a la innovación y a los beneficios. El contable colegiado Richard Murphy ha redactado una Carta de Principios Generales contra la Evasión Legal de Impuestos que suprimiría los vacíos legales que explotan los ricos y las multinacionales. Pero es que hay que echar del poder a las firmas de contabilidad que han colonizado el Estado; que Hacienda deje de apoyarlas para que ellas se dediquen a redactar unas leyes fiscales y luego permitan a sus clientes saltárselas. Lo que hay que conseguir es que todas las figuras involucradas en la redacción de leyes fiscales sean estrictamente independientes de los grupos de interés privado que se benefician de la situación, y que además se les ordene garantizar que, por ricos y poderosos que sean un individuo o una empresa, paguen hasta el último penique que el Parlamento les ha mandado abonar. Expulsar a los intereses corporativos del centro mismo del poder tendría que ser un objetivo central para cualquier revolución democrática.

El actual gobierno de coalición se ha aprovechado de la más que justificada preocupación pública por el poder político de los intereses de los ricos para introducir la llamada Ley de Presión Parlamentaria —o Ley Mordaza, como se la conoce popularmente— y así aplastar toda disidencia. Mientras que esa ley castiga con saña a los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, a las grandes corporaciones —cuya presión se produce habitualmente dentro del mismo Parlamento— se las deja en paz. Y, sin embargo, ésa es justamente la clase de presión parlamentaria que se necesita supervisar por ley. Los gigantes energéticos, por ejemplo, quieren ganar dinero, no servir los intereses de los consumidores. Por consiguiente, sus representantes no deben tener voz en escenarios del poder como son los ministerios.

Tal como hemos visto, la mayoría de la «prensa libre» sirve de portavoz a individuos excepcionalmente ricos que tienen agendas políticas más o menos evidentes. Las organizaciones que componen nuestros medios de comunicación ejercen de guardianes implacables del debate político, ya sea despojando de toda plataforma a la gente, las ideas o los movimientos que desafían a los ricos y a los poderosos, ya sea atacándolos brutalmente y marginándolos. Cualquier reforma de los medios de comunicación se tiene que emprender con mucho cuidado para no poner en peligro la libertad de prensa ni infringir la independencia de los periodistas respecto del Estado. Para empezar, hay que poner un límite a cuántos medios de comunicación nacionales puede poseer un solo individuo, restringiendo así el poder y la influencia que pueden ostentar los oligarcas sobre la democracia. También hay que derribar las barreras que impiden que los aspirantes no privilegiados puedan acceder al periodismo, por ejemplo, eliminando las becas no remuneradas. A fin de cuentas, se trata de becas que comportan que únicamente los hijos y las hijas de familias prósperas puedan permitirse acceder a los medios de comunicación, para que allí los exploten; lo mismo se aplica a otras profesiones como la política o la abogacía. Obligar a todas las organizaciones mediáticas a incluir una «cláusula de conciencia» en sus contratos permitiría a los periodistas rechazar todos los encargos que fueran contrarios a la ética o ilegales. La presencia de unos sindicatos más fuertes también alteraría el equilibrio de poder en detrimento de los directores y barones mediáticos, y en beneficio del periodista.

Internet y las redes sociales ofrecen cierta esperanza de romper el monopolio de la prensa mayoritaria. El periodismo ciudadano cuenta ahora con una plataforma sin precedentes que ayuda a examinar y a cuestionar los mitos, distorsiones y mentiras descaradas que le venden a la gente los medios propiedad de ricos magnates. Los activistas cada vez usan más las redes sociales para prescindir de los medios hostiles del Establishment: ya sea para organizar protestas, para difundir una información que de otra manera no saldría en ninguna parte, ya sea para ofrecer una plataforma a unas voces que de otra forma no se oirían; o bien para desafiar las versiones de los hechos que venden los grandes medios. A medida que la prensa impresa sigue desapareciendo e internet cada vez más se convierte en la fuente principal de noticias para el público, surge la oportunidad de contar con unos medios de comunicación de propiedad colectiva y gestionados de forma barata que ofrezcan una perspectiva alternativa. Son unas iniciativas que tienen que explorar con urgencia quienes estén decididos a romper el monopolio que imponen sobre los medios una serie de individuos ricos y comprometidos con el régimen.

Una revolución democrática también expulsaría a los millonarios de la política. Hay que imponer límites a la cantidad de dinero que los ricos y las empresas pueden donar a los partidos políticos. Todas las reuniones que tengan los ministros con figuras de fuera del mundo político deben ser transparentes y estar a disposición del público, y no se puede permitir que se celebren esa clase de encuentros a cambio de dinero. El hecho de que haya que formular una propuesta tan obvia dice mucho del estado actual de la democracia británica.

Hay que prohibir a los parlamentarios que tengan segundos trabajos para ganar más dinero; es más, hay que prohibirles a los exministros que han tenido responsabilidad en materia de sanidad o de defensa que acepten cargos en empresas privadas que operen en esos ámbitos. Se debe cerrar con firmeza la puerta giratoria. Pero también hay que transformar el mundo de la política para que se convierta en un reflejo real de la Gran Bretaña de hoy en día. La política margina y excluye cada vez más a la gente de clase obrera que cuenta con experiencia en la clase de problemas que el gobierno y la sociedad necesitan afrontar, como, por ejemplo, toda la población que lucha por sobrevivir con unos sueldos en caída libre, por hacerse cargo de sus facturas sin pagar, por afrontar los costes de las guarderías, etc. Es por eso, entre otras razones, por lo que urge tanto reforzar las vías tradicionales de progreso político de la clase obrera: los sindicatos y las administraciones locales. Las subidas salariales de los parlamentarios tienen que vincularse directamente al ritmo en que se les aumentan los sueldos a los funcionarios del sector público; tal cosa obligaría a los políticos a hacer frente a algunas de las consecuencias materiales de sus políticas. Hay que implantar el tan prometido derecho a voto para retirar a un parlamentario del cargo si un número suficiente de electores firma una petición al respecto. Está claro que los think tanks tienen su lugar en el mundo de la política, pero —a la vista de lo importantes que se han vuelto en el diseño del debate político— hay que obligarlos a publicar una lista completa de sus donantes para examinar cualquier posible conflicto de intereses.

También hay que transferir competencias de gobierno, continuando la dinámica creada por el establecimiento del Parlamento escocés y la Asamblea de Gales. En el pasado, las iniciativas para formar asambleas regionales en Inglaterra han cosechado más pena que gloria: en 2004, un referéndum celebrado en el nordeste del país culminó con el rechazo decisivo de una supuesta «asamblea» regional, aunque lo que se proponía era un organismo inoperante que causó muy poco entusiasmo. Pero, por lo menos, el poder debe ser delegado de Westminster a las administraciones locales, y eso incluye ámbitos como la vivienda, la educación y la sanidad.

Tal como está constituida en la actualidad, la Unión Europea institucionaliza diversos elementos del Establishment, e impediría cuestionar los lemas y las políticas del régimen neoliberal, aunque el pueblo británico votara en su contra. Debe considerarse una aspiración legítima crear una agrupación democrática de naciones europeas, gobernada para beneficio de los trabajadores, ya sea de Portugal, de Polonia, de Gran Bretaña… Eso implicaría renegociar diversos aspectos del diseño de la Unión Europea, pero no de la forma que defiende la derecha británica, que es eliminando cualquier elemento que choque con los mantras del Establishment, sino remodelándola para asegurarse de que la Unión Europea no esté conchabada con los intereses corporativos.

Mientras haya amenazas a la seguridad de la ciudadanía, existirá la necesidad de un organismo oficial que la proteja. Pero eso no quiere decir apoyar a la policía tal como está constituida en la actualidad. Los datos de discriminación y corrupción en el cuerpo policial hablan por sí mismos: el racismo endémico, las muertes como resultado de enfrentamientos con la policía, la incriminación falsa de un ministro conservador, los registros indiscriminados en la vía pública a jóvenes de raza negra, el establecimiento fraudulento de relaciones sexuales con mujeres disidentes (por parte de agentes infiltrados), los ataques a sindicalistas, la tragedia de Hillsborough… Son injusticias que hay que resolver. Pero eso implica un cambio institucional profundo y un organismo verdaderamente independiente al que la policía rinda cuentas de verdad, a diferencia de la actual Comisión Independiente de Quejas de la Policía, que es un órgano completamente dócil. Puede parecer absurdo pedir una comisión de la Corona —a fin de cuentas, ¿qué puede haber más del Establishment que una comisión de la Corona?—, pero es que ésa es la vía que existe en Gran Bretaña para emprender una investigación pública exhaustiva. Debería liderarla una figura verdaderamente independiente y tendría que llamar a testificar a las víctimas de las injusticias policiales. Su meta sería publicar recomendaciones para establecer un cuerpo policial que tratara por igual a todos los sectores de la población.

Hay quienes —tanto desde posiciones afines como contrarias al Establishment— alegarán que, teniendo en cuenta cómo se ha globalizado el capitalismo, resultaría imposible introducir cambios profundos únicamente en Gran Bretaña. Es una crítica fundada. Las ambiciones de los escuderos neoliberales en la década de los setenta no se detenían en las fronteras británicas, de forma que quienes ahora deseen una alternativa al Establishment británico actual deben tener una perspectiva igualmente internacionalista. Por todo el mundo occidental, el nivel de vida está bajando de forma acusada, los recursos públicos se están malvendiendo a intereses privados, una minúscula minoría se está enriqueciendo a costa de la sociedad y se está despojando a la clase trabajadora de todo lo que tanto le ha costado ganar, como la seguridad social, los derechos laborales y demás. En este sentido, se puede crear una causa común. Hay barreras obvias, como el idioma, la cultura y la identidad nacionales, ninguno de los cuales da señales de perder su relevancia en la época del capitalismo globalizado; en ciertos sentidos, incluso están ganando más importancia. Pero el ascenso de internet y, en particular, el de las redes sociales presentan oportunidades nuevas para que los movimientos que están surgiendo se vinculen entre sí. De momento, no se han podido unir de forma coherente. Tienen que hacerlo, además de empezar a organizarse en torno a demandas parecidas, porque —igual que pasa en Gran Bretaña— les va a resultar imposible cambiar únicamente su país.

Todas estas propuestas representan un intento humilde de reafirmar la democracia: de remodelar una sociedad para que esté gobernada según los intereses de la mayoría, en vez de a favor de una élite rica que no rinde cuentas a nadie. Estas propuestas desplazarían la ventana Overton lejos de la voluntad del Establishment. Y, al hacerlo, abrirían posibilidades todavía más radicales. No tiene sentido afirmar que introducir esta clase de cambios resultaría fácil. El mantra de «no existe alternativa» está muy arraigado. A quienes desean una sociedad distinta no se les va a hacer ningún caso, se los va a marginar y, si hace falta, se los va a atacar de manera furibunda. Es lo que ha pasado siempre con todas las campañas que han conseguido introducir cambios profundos.

Sin embargo, el Establishment también haría bien en tomar nota de la historia. Cada época vive el espejismo de creerse permanente. Los mismos opositores que, en un momento dado, parecían risiblemente irrelevantes y fragmentados pueden experimentar cambios repentinos de fortuna. Ese sentido común que tan en boga está hoy en día puede convertirse mañana en un sinsentido desacreditado, y con una rapidez sorprendente.

«El poder no hace ninguna concesión a menos que se le exija —declaró un antiguo esclavo afroamericano del siglo XIX convertido en abolicionista y reformista social, y cuyo nombre era Frederick Douglass—. Nunca ha hecho ninguna y nunca la hará», añadió. Con estas palabras resumía de forma concisa una verdad eterna del progreso social. El cambio no se obtiene por medio de la buena voluntad y la generosidad de quienes están en lo alto, sino a través de la lucha y del sacrificio de quienes están debajo. La historia no es un simple culebrón magnífico, las aventuras de los grandes hombres o de las grandes mujeres (aunque estas últimas a menudo se ven sutilmente borradas de los libros de historia). Quienes comparten los mismos intereses, por mucho que éstos puedan parecer distintos en ciertos aspectos superficiales, usan su poder colectivo para obtener justicia social. Esta tradición debería infundir esperanza a quienes desean el cambio e inspirar miedo en quienes tienen mucho que perder.